Borja Lázaro, desaparecido (actualizado)

Borja Lázaro tiene 34 años y es reportero freelance. El pasado 8 de enero desapareció en Cabo de la Vela, un pequeño pueblo enclavado en el departamento colombiano de La Guajira, en el noreste del país y fronterizo con Venezuela a donde se había desplazado para realizar un trabajo fotográfico con las comunidades indígenas locales. En el hostal donde pernoctaba encontraron todas sus pertenencias: ropa, las cámaras, mochila, pasaporte e, incluso, las chancletas que utilizaba bajo la hamaca. Una desaparición sin huellas que rastrear. Como si se hubiera volatilizado de este mundo. 
Desde entonces, más de 350 uniformados le buscan por mar, cielo y tierra. Hace unos días se unieron  el Ejército y la Armada colombiana. La investigación baraja tres hipótesis: que se haya ahogado en el océano, que se encuentre perdido en el desierto o que haya sido secuestrado. 
Las dos primeras opciones pierden fuerza: Si se ahogó, el cuerpo aparece días después en un mar calmo. Lo de darse un paseo por el desierto con las manos vacías es un viaje a la perdición para una persona experimentada como es Borja. Queda el tercer dilema y aquí es donde todo se vuelve verosímil.

La Guajira es una zona tremenda donde rige la ley de las mafias. Los periodistas son testigos repudiados para una ley del silencio. El ex gobernador del departamento, Francisco “Kiko” Gomez fue detenido en octubre del 2013 acusado de participar en los asesinatos del concejal Luis López Peralta en 1997; y de Luis Alejandro Rodríguez y Rosa Mercedes Cabrera en 2000. También está acusado de tener nexos con los paramilitares de las AUC que lideraron Jorge 40 y Salvatore Mancuso. 
El día de su arresto, la policía de La Guajira opuso resistencia a su captura ordenada por la fiscalía y, según algunas informaciones de toda confianza, hoy sigue ordenando asesinatos desde su celda en la cárcel La Picota de Bogotá. El jefe departamental de policía, responsable de que sus hombres repelieran a los enviados judiciales enviados desde Bogotá, fue trasladado a un cargo de igual jerarquía en otro departamento. Sin sanciones. 
Ademas, uno de los que se ha postulado para gobernar de La Guajira tras las elecciones que se celebran en marzo es primo hermano de Kiko Gómez. Todos dan por seguro que existe una alianza entre ambos ya que en La Guajira funcionan los clanes familiares derivadas de la tradición wayúu.

El exgobernador mantiene su alianza con un narco, Marquitos Figueroa, el amo y señor de los grandes contrabandistas de la gasolina procedente de Venezuela. Varios periodistas, al menos cuatro, que investigaron y denunciaron esta situación se han visto obligados a exiliarse o huir de la región para salvar su vida. 
¿Dónde está Borja Lázaro en estos momentos?

Hace tres días, una buena periodista colombiana me comentó que los Wayúu de la serranía de Macuira, en La Guajira colombiana, informaron que un grupo ilegal tiene a una persona retenida en esa zona. No conocen su identidad pero sí que lo trasladan de sitio por las noches.

Seguimos buscándole y no cesaremos hasta saber su paradero y conocer la verdad. Este es su trabajo fotográfico. Hermoso. 

España en Latinoamérica

“Del año 90 al 2006, llegaron las inversiones… ¿dónde llega un inversionista? ¡No nos engañemos! No va a un país empobrecido a ayudar. Eso es el cuento. Llegan a hacer el negocio de su vida. Buscan gobiernos peleles para mantener el control sobre nuestras naciones. Pero en cuanto sus beneficios descienden, se van. El inversor no juega con su plata”. Quien así se expresa es Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Estas palabras, pronunciadas en el transcurso de XVII Cumbre Iberoaméricana celebrada en noviembre de 2007 en Santiago de Chile, activaron una cadena de denuncias sobre la actividad de algunas empresas multinacionales españolas. Aquel alegato de Ortega frente a propuestas liberalizadoras del mercado como antídoto contra la pobreza tienen de una forma o de otra, su continuación en otras zonas de la región. 
Ahora es Argentina quien se plantea decir no a los planes de Repsol YPF y Madrid le ha amenazado con el puño. Datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) indican que 234 millones de latinoamericanos siguen viviendo en la pobreza y 107 millones son pobres de solemnidad. Además, 80 millones carecen de agua potable.
La conclusión es demoledora: en los últimos 20 años en los que España se ha convertido en el principal inversor europeo y el segundo del mundo tras EEUU en el continente latinoamericano, las diferencias entre ricos y pobres no se han reducido, sino que se han incrementado. El resultado es que el 57% de sus ciudadanos no cree ya en la buena fe de las inversiones españolas, según el Latinobarómetro. 
“Exitosas económicamente pero desprestigiadas socialmente”, indican desde algunas cancillerías latinoamericanas. Las denuncias contra las multinacionales españoles se acumulan. Una afecta a la multinacional petrolera Repsol YPF, que en 2004 incrementó sus ganancias un 29,4% gracias al crudo extraído en Bolivia pero luego se enfrentó a una demanda de Ecologistas en Acción por su presencia en siete parques protegidos del país andino, algo impensable en España. 
La banca tampoco se libra del azote de un huracán que, para algunos, sólo ha comenzado. Human Rights Watch y varios movimientos indígenas acusan al BBVA y al Banco de Santander de financiar proyectos de ética dudosa relacionados con minas de oro, cobre y zinc, oleoductos y gasoductos que contradicen los estándares de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), la contribución activa, pero voluntaria de las empresas al mejoramiento global del lugar donde actúan.
Se refieren a la mina Yanacocha de Perú, el segundo yacimiento de oro más grande del planeta, que en 2000 causó una intoxicación masiva con un vertido incontrolado de cianuro en las aguas de la zona. La contaminación provocó el desplazamiento forzoso de 70 familias indígenas. Estos grupos responsabilizan al BBVA de haber prestado 100 millones de dólares a sus administradores mineros
Teléfonos de Perú, antes de ser adquirida por la española Telefónica, tenía 12.094 trabajadores. Ahora son 3.823. En Colombia, la inversión extranjera durante estas dos últimas décadas se ha incrementado en más de 4.000 millones pero el Producto Interior Bruto (PIB) sigue congelado en sus bajos niveles de siempre, la tasa de paro creció tras las privatizaciones y el índice de pobreza se disparó. 
Desde el Observatorio de las Multinacionales de América Latina (OMAL) apuntan que una de las causas de estos excesos es el manejo magistral “que empresas como Repsol” hacen de los criterios de la Responsabilidad Social Corporativa, “el arte del lavado de cara”. En su opinión, aparecen como mecenas en el mundo del arte (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona), en la música (trabaja con la UNESCO), en universidades (apoya cursos de verano, investigaciones, becas..), otorga premios medioambientales, apoya programas de cooperación al desarrollo o dispone de etiquetas verdes en todos sus productos. Incluso sus códigos de conducta y sus mecanismos de autorregulación exigen respeto a los derechos humanos. “Ahora bien, sus inversiones, ganancias y riesgos están sujetos al Derecho Internacional del Comercio, derecho duro, imperativo, coercitivo, sancionador y tutelado por tribunales económicos cuyas sentencias sí son de obligado cumplimiento y neutralizan la jurisdicción internacional sobre Derechos Humanos”, indican desde OMAL.
¿Cómo explicar sino la imposibilidad de aplicar el derecho a la alimentación -meramente declarativo- frente a la protección -plenamente eficaz- de los sistemas bancarios? ¿Por qué las sanciones del Comité de Libertad Sindical contra Colombia no se cumplen y los derechos de Repsol en el mismo país se tutelan sin fisuras de ningún tipo?
Fernando Casado, director del Centro de Alianzas para el Desarrollo (CAD), reconoce que el desembarco empresarial español en América Latina aporta el 9% del PIB del continente “algo muy importante”. Sin embargo, admite que los cambios políticos experimentados en países como Ecuador, Venezuela o Bolivia exigen “una nueva fase de relaciones”. Casado cree que España debe fomentar el diálogo con las administraciones locales. “El futuro pasa por las alianzas público-privadas y una mayor implicación social de las empresas”. 
Nada nuevo. Al menos lo fue para John Kenneth Galbraith para quien el hecho de que el mercado no produce óptimos resultados sociales “es algo reconocido por los economistas desde hace mucho tiempo”. El ministro Soria no le ve así. ¿O sí?

¿Ganó Juan Manuel Santos las elecciones en Colombia?

A veces resulta desesperante leer la información sobre Colombia que se publica en España. Sin entrar a valorar  los intereses económicos y políticos en el país suramericano, un sociólogo electoral medianamente riguroso se quedaría perplejo al contemplar cómo se escribe sin rubor sobre “una aplastante victoria del conservador Juan Manuel Santos” en los comicios presidenciales colombianos celebrados el pasado domingo.
Es cierto que el ex ministro de Defensa obtuvo el 69% de los votos emitidos y que su rival, Antanas Mockus, no llegó ni al 28%. Visto así, la goleada de Santos fue escandalosa. Pero hay una lectura silenciada de los resultados que no debería pasar inadvertida. Se trata de la altísima abstención registrada y que está siendo permanentemente ignorada en los grandes medios de comunicación españoles. Casi el 59% de los ciudadanos con derecho a voto dieron la espalda a ambos candidatos, al proceso electoral y a la democracia colombiana.

Colocando estos números en la misma coctelera que los nueve millones de papeletas  depositadas con el nombre del ganador Santos y los tres del derrotado Mockus, la “rotunda” victoria del heredero ideológico de Álvaro Uribe se transforma en una comedia bufa provocada por la omisión de una parte sustancial de la realidad.

Santos será el nuevo presidente de Colombia con el respaldo del 22% de los colombianos con derecho a voto. Mockus ni siquiera alcanzó el 9%. Se trata del peor porcentaje logrado por un candidato en las últimas dos décadas. ¿Puede hablarse, entonces, de aplastante victoria de Santos o nos ponemos a analizar  en serio los motivos que tienen los colombianos para no participar en un montaje más de la tradición decimonónica latinoamericana?
“Es la democracia, mijo”, me comentó el lunes una amiga. Efectivamente, son las reglas vigentes que se ha dotado el mejor mundo de los conocidos para gobernarse, la que desnuda de significado a la abstención, ese voto silencioso cuyo ruido debería ser el más fuerte de todos los ruidos en los tiempos actuales de oscuridad global. ¿Por qué la gente no participa? ¿Será por pereza o quizá  es por  indiferencia hacia un sistema que ha dado sobradas muestras de caminar sin rubor hacia una plutarquía plena?
En la Colombia del siglo XXI hay escándalos de toda índole: políticos, económicos, morales. 60 ex parlamentarios uribistas están en la cárcel por asociación con las bandas narcoparamilitares, otros dos por haber vendido sus votos para hacer posible la reelección de Uribe, y varios ministros y altos funcionarios son reclamados por los tribunales por diversos delitos.
En la economía, los resultados son mediocres pese a lo que digan las cifras oficiales: crecimiento inflado que no sólo no reduce la inmensa grieta  abierta entre ricos y pobres sino que la aumenta, desempleo, analfabetismo y un sector agrícola hundido salvo para los que se dedican al cultivo de coca que han aumentado sus ingresos pese a los costosos esfuerzos por erradicar sus plantaciones. Y una violencia feroz que diariamente se cobra sus dividendos sobre todo lejos de los centros urbanos, y, por lo tanto, fuera de los ojos cibernéticos de los medios de comunicación. 
La corrupción no se ha detenido sino que se  ha multiplicado como los panes y los peces. Un ejemplo infame es la red mafiosa tejida por los servicios secretos del expresidente Uribe  para controlar hasta el aire que se respira.
Colombia se enfrenta a su propia realidad. En lo económico -con un futuro ministro formado en EEUU- deberá torcer el brazo de los inversores extranjeros que si bien significan hoy el 28% del PIB siguen practicando ese colonialismo mesiánico de explotar las inmensas riquezas y huir a toda prisa con el botín.
En lo político está el reto de poner puertas a las violaciones de los derechos humanos, a los abusos implacables de los caciques contra quien se rebela, proteger a los desplazados forzados, dar razones a los exiliados para que vuelvan, reconocer públicamente a las víctimas del terrorismo de Estado practicado con total impunidad durante años .
No todo el problema para la reconciliación de este inmenso país son un triunfo electoral pírrico ni tampoco las FARC, que más que acorraladas ya están agotadas por su inanición moral y el descrédito ideológico. Todo comienza por humanizar los objetivos. Sería un gran paso para que Colombia deje de ser gobernada como si fuera una finca ganadera.

Colombia intenta mirarse a los ojos

Nunca tantos colombianos pensaron que unas elecciones presidenciales puedan cambiar tantas cosas. El optimismo nació cuando la Corte Constitucional impidió al presidente Álvaro Uribe presentarse a un tercer mandato -o una segunda reelección como les gusta decir a sus partidarios siguiendo el patrón del doble lenguaje utilizado desde 2000 para suavizar las sombras que su líder lleva cosidas a la espalda, como las ejecuciones extrajudiciales eufemísticamente bautizadas como “falsos positivos”-.
La decisión judicial redujo la frustración del silencio. El uribismo, que tan buenos resultados ha reportado a las clases favorecidas de Colombia abrazadas únicamente al poder del dinero, distribuyó “seguridad democrática” pero también mucho miedo. Miedo a contar la verdad oculta. Temor a denunciar los desmanes del Estado en amplias zonas del país pero que no salen en los medios de comunicación o aparecen muy poco. Para esta gente, millones de personas -Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de desplazados tras Sudán-, sin Uribe ya nada podrá ir a peor. Para ellos la vida empieza al amanecer y termina cuando el sol declina. ¿Habrán votado?.
Parece probado que las formas humanas de intercambio no pueden reducirse sólo a una ideología utilitarista. Creo que la sociedad colombiana hace tiempo que empezó a captarlo. Faltaba descubrir el camino para expresarlo. Quizá ahora es el momento. Ya no es cuestión de conformarse con ironías ni circunloquios que expliquen qué es el progreso. Los colombianos han aprendido a reírse de ellos mismos entre los profundos temores colectivos que les atenazan. Entre tumbas sin nombre y matanzas que llegan el paroxismo.
Decía el archirecurrido Ryszard Kapuscinski que la frustración que provoca el hambre se manifiesta cuando el hambriento siente que alguien le impide dejar de serlo. Eso es lo que han provocado los diez años de mandato de Álvaro Uribe. Si nada cambia en Colombia tras las elecciones de hoy será por el egoísmo de los caudillos que dirigen vastas zonas del territorio a sangre y fuego. Por la rémora que arrastra este país para desdramatizar de una vez su propia historia o por el miedo de otros a perder los asombrosos privilegios feudales que les otorgó un poder político corrupto hasta las cejas.
Alguien me dijo una vez que Colombia “sigue necesitando de buenos traductores para entenderse”. Cualquier cosa es mejor que la indiferencia. Cualquier cosa es mejor que el silencio.