Elecciones en Ecuador

Las elecciones sirven para legitimar con el voto a quienes por un periodo limitado van a gobernar desde los distintos niveles de la Administración. El próximo 23 de febrero se eligen 5.651 autoridades para los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales del Ecuador, entre ellos 221 alcaldes y 23 prefectos. Estos Gobiernos tendrán la misión de mejorar la calidad de vida que los ciudadanos encuentran en su barrio, en su distrito y en su ciudad, y que, como es el caso de Quito y Guayaquil, deberán acometer infraestructuras decisivas durante los próximos cuatro años. 
La mayoría de los ecuatorianos espera que estas nuevas autoridades administren con determinación los desafíos pendientes de una sociedad cada vez más compleja y poblada. La lucha contra la pobreza y la mejora de los servicios públicos son evidentes pero nunca suficientes para quienes lo padecen en carne propia. Mejorar el bienestar colectivo es un trabajo que requiere de gobiernos responsables y comprometidos pero también de la colaboración diaria del propio ciudadano.
Pero si bien es cierto que en unos comicios locales lo que se decide es el proyecto de un candidato para la ciudad, los del próximo 23 de febrero serán un pulso hacia la política nacional que lidera Rafael Correa. Un termómetro que juzgará el grado de aceptación popular sobre algunas decisiones que han levantado ampollas en sectores de la sociedad ecuatoriana cercanas al propio proceso revolucionario. El último caso ha vuelto a poner en el centro de la polémica a la prensa tras una controvertida y millonaria sanción contra el caricaturista Bonil por una viñeta (y su posterior rectificación) que en cualquier país vecino sólo hubiera provocado una carcajada. 
La estrategia oficialista trata de movilizar al sector de su electorado atraído por la decepción (entendida como voto de castigo) mediante el discurso de que la inversión en sanidad y educación -el gasto público- necesita decisiones dolorosas como la explotación del Yasuníla radical posición antiabortista de un Correa más claramente socialcristiano o los cambios en el nuevo Código Integral Penal para tipificar la mala práctica profesional de los médicos, pero que la trasparencia en su gestión política continúa siendo el rasgo diferencial con los sectores recalcitrantes que todavía perviven de los tiempos oscuros del país. 
La dividida oposición intenta abrir las grietas que puedan existir en Alianza País tras las polémicas decisiones del Gobierno Nacional, evitando crear incertidumbres en el electorado que sirvan para compactar a la mayoría oficialista que arrasó en las elecciones de hace un año. 
El Gobierno considera que los pequeños grupos que se manifiestan en contra de la extracción petrolera en la mayor reserva natural del país y los que claman por legalizar el aborto en el supuesto de violación son formaciones de extrema izquierda, y niega cualquier opción de debate con ellos en aras de mantener intactas las filas para evitar fugas indeseables. El resto de opciones políticas no ofrecen otro remedio que derrotar al oficialismo como antídoto para cualquiera de las disputas actuales.
Todos han renunciado a profundizar en los por qués de unas decisiones presentadas como las claves para ahuyentar una austeridad que tendría reflejo en los municipios de todo el país. La corrupción, que sigue afectando en mayor o menor medida a todos los niveles de lo público, y de forma especial en los pequeños pueblos, no conduce a propuestas para atajarla sino a un intercambio de reproches, tal vez ante su escasa repercusión electoral, según las encuestas. 
Vuelve a repetirse el patrón universal de fiscalizar cada paso dado por el Gobierno Nacional que goza del poder absoluto en la Asamblea. Ocurre en todos los países democráticos, y Ecuador no es una excepción, aunque no se sabe si estas controversias tendrán influencia en el voto de ciudades como Quito. 
En la decisión soberana de los más de 11 millones de votantes que están llamados a las urnas se encuentra la creación de nuevos gobiernos locales y que los ciudadanos sientan que la política local les pertenece.