La detención de 14 altos cargos del Gobierno catalán provocó ayer un incendio social en Cataluña que a estas horas parece fuera de control. Miles de personas salieron a las calles de Barcelona y de otras ciudades como Madrid para protestar contra lo que consideran “el mayor ultraje a los derechos civiles cometidos por una democracia en Europa”.
La orden de arresto contra los miembros del Govern -entre los que se encuentran el número dos del departamento de economía, el secretario de Hacienda y el máximo responsable del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CCTI) de Cataluña- y destacados colabores partió a primera hora del día de un juzgado de Barcelona que consideró que el momento de cortar por lo sano “con un proceso de sedición”, penado con hasta 15 años de prisión en España, ha llegado. La reacción de miles de personas, a favor o en contra de la independencia catalana pero defensores “del derecho a decidir” fue agolparse en torno a los edificios administrativos autonómicos para impedir la entrada de policías dispuestos a proceder a los registros e incautaciones de documentos ordenados por el juez.
Mientras esto sucedía en la capital catalana, en Madrid, el presidente del gobierno Mariano Rajoy daba cumplida cuenta en el Congreso de su acerada posición de impedir la celebración del referéndum el 1 de octubre. Sordo al clamor de un parte nada desdeñable de ciudadanos, en su propio suelo y en Cataluña, que le exigen la apertura de un diálogo para limar asperezas en este encarnizado conflicto territorial, Rajoy se limitó a explicar que la barrida practicada ayer contra el independentismo “se ha hecho por decisión del juez para que se cumpla la ley”.
Horas después de la caótica sesión parlamentaria con la que tuvo que lidiar, el presidente español anunció la convocatoria de una reunión de urgencia en La Moncloa con los líderes de dos de los tres principales partidos de la oposición, el socialista Pedro Sánchez y el neoliberal Albert Rivera. A la cita no fue invitado Unidos Podemos, tercera formación del país y partidaria de negociar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, ni tampoco ninguna de las fuerzas nacionalistas con representación parlamentaria. El objetivo era ablandar la postura del PSOE y conformar un monolítico bloque alrededor del gobierno y sus decisiones.
Tras la sesión celebrada el martes en el Congreso, donde la propuesta a favor de la unidad de España, propuesta por Ciudadanos sufrió una auténtica debacle, Pedro Sánchez vuelve a encontrarse en medio de una agonía política digna de Hamlet, con divisiones internas entre los partidarios de defender un diálogo y los que sólo ven en la aplicación de las leyes la panacea de todo.
Desde Barcelona, el president Carles Puigdemont leyó un durísimo comunicado institucional en el que citando directamente al gobierno de España, trató de demostrar que el arresto de 14 miembros de su gabinete es la prueba que enmascara «la suspensión de facto del régimen autonómico» y su sustitución por un «Estado de excepción». Con profusión de epítetos hacia los registros policiales practicados en centros públicos y domicilios privados, el president catalán concluyó que el Estado está intentando sojuzgar a su pueblo de forma implacable y pone en serio riesgo la democracia de España. «Lo estamos viviendo hoy en Cataluña no se vive ningún otro estado de la Unión Europea», señaló ante una sala abarrotada y expectante, donde destacaban todos los miembros de su gobierno.
Aunque no lo citó expresamente en su declaración, Puigdemont también se refería al desmesurado celo mostrado por las fuerzas de seguridad en la búsqueda y captura de papeletas y propaganda sobre una consulta suspendida por los tribunales de justicia. En medio del operativo policial realizado ayer también se requisaron en una nave industrial de la pequeña localidad barcelonesa de Bigues i Riells 10 millones de papeletas impresas para votar el 1 de octubre. Ante la magnitud del destrozo político que está causando este enfrentamiento entre legalidad y legitimidad sobre el derecho a decidir en Cataluña, las alcaldesas de las dos principales ciudades de España, la barcelonesa Ada Colau y la madrileña Manuela Carmena, pidieron conjuntamente diálogo a todas las partes porque “haya o no referéndum, todos saldremos perdiendo en las actuales circunstancias”.
El presidente del gobierno también calificó ayer que la actual tesitura es “desagradable” y pidió a su homólogo catalán que ponga la marcha atrás para evitar males mayores, en clara advertencia de que otras medidas de fuerza no han sido en absoluto descartadas.
Publicada en El Telégrafo, Ecuador
Gorkarabela 